Por Julieta Sol Villegas (@likearainb0w_)
La fecha establecida para las elecciones en Boca era el sábado 02/12, esa fecha se había elegido para que todos los socios del interior puedan viajar hacia La Boca y volver a sus provincias con tiempo para iniciar la jornada laboral el día lunes. Por una denuncia de cinco socios ante la DAIA, ordenaron el cambio de fecha del sábado 02/12 al domingo 03/12 debido al Shabat judío. Tres de estos cinco socios se presentaron en el club para indicar que ellos jamás realizaron ninguna denuncia ni tienen nada que ver con la misma. Igualmente, el club aceptó el cambio de día.
Andrés Ibarra, candidato a presidente por la oposición e integrante del partido político PRO, presentó una denuncia indicando “irregularidades” en el pase a activos de trece mil socios. La jueza Alejandra Abrevaya, familiar de Sergio Abrevaya (ex legislador porteño integrante del bloque CAMBIEMOS-PRO), dictó una medida cautelar suspendiendo las elecciones por tiempo indeterminado y aduciendo “irregularidades manifiestas”, en tanto varios pases de socios adherentes a activos se realizaron en días inhábiles (sábado y domingo). Sin embargo, todos los días mencionados de 2021 son jueves y viernes (hábiles). Al parecer utilizaron un calendario del 2023 donde estas fechas sí cayeron sábado y domingo.
Además, en la denuncia se mencionan como testigos a una ex empleada del club (que actualmente se encuentra en litigio con la institución), Mario Pergolini (candidato a vocal por la lista de Ibarra-Macri), y otros dos testigos de los cuales no se halla el acta testimonial correspondiente que indique qué atestiguaron. Cabe aclarar que los testimonios de (al menos) los dos primeros son, como mínimo, viciados por poseer intereses manifiestos en la causa.
El 30 de noviembre se realizó una audiencia conciliatoria a pedido de la oposición que encabezan Andrés Ibarra y Mauricio Macri, donde se presentó como su abogado representante Javier Medin (ex interventor de la AFA e imputado por apropiarse de impuestos de la asociación durante su período como interventor). En la audiencia, la oposición exigió la baja de más de trece mil socios, algo completamente ilegal y que incluso podría traerle consecuencias judiciales al club por cercenar el derecho al voto de estos socios sin siquiera haberles dado lugar a una defensa.
El oficialismo presentó documentos donde se indica que sólo 3786 socios adherentes pasaron a activos entre 2020 (año de asunción de esta gestión) y 2021 (fecha límite para que puedan votar con dos años de antigüedad), y que la cantidad restante (casi diez mil) corresponde a períodos donde la actual oposición gestionaba el club (2015-2019). Además, se presentaron las actas donde la Comisión Directiva durante la gestión anterior dispuso el reglamento para el pase de socios adherentes a activos que indica “Art. 5°: La Comisión Directiva podrá incorporar socios en sus distintas categorías en forma directa, sobre la base de amplias consultas a los distintos sectores del quehacer del Club”. A su vez, se resaltó que una vez que un socio adquiere su condición de activo, se dispone de un año para cuestionar dicha condición. Pasado ese tiempo ya no es pasible de someter a debate la misma.
Luego de la extensa jornada sin arribar a un acuerdo, donde el oficialismo presentó vastas pruebas que demuestran la falta de fundamentos de la denuncia, la jueza mantuvo la suspensión.
Por último, y para terminar la jornada, el candidato de la oposición Andrés Ibarra expresó en distintas redes y medios que no habían sido ellos quienes pidieron suspender las elecciones. Sin embargo, horas más tarde se conoció la denuncia presentada por Ibarra, y firmada por su abogado ya mencionado Javier Medin, donde expresamente solicitan la suspensión de los comicios.
Por estatuto, el Club Atlético Boca Juniors debe realizar sus elecciones la primera quincena de diciembre, en esta fecha también se cumple el mandato de la actual gestión. Todo pareciera indicar que lo que buscan es forzar la intervención del club aduciendo una “acefalía” por mandato cumplido del oficialismo, una vez que cambien las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ) a partir del 10 de diciembre con la asunción del presidente electo, algo a todas luces ilegal y antidemocrático en un club que no tiene problemas ni económicos ni institucionales.
