El “están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal” se vuelve cada vez más vigente. Lo que a priori parecía un chiste, meme o bait, resultó salir en varios portales de noticias: El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva (y tácitamente, de Patricia Bullrich), aplicó derecho de admisión por tiempo indeterminado a 34 personas “identificadas con camisetas deportivas” por haber participado de la movilización contra la Reforma Laboral del pasado febrero, acusándolas de “atentado y resistencia a la autoridad”.

En la misma clave, modificó el  Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos (PROFERED), habilitando la detención/sanción contra quienes participen en manifestaciones públicas, aunque no ocurran cerca de un estadio.

No es la primera vez que el gobierno nacional demuestra su desprecio contra el fútbol: la Ley Ómnibus, el apoyo al proyecto Foster Gillett, el ninguneo a la figura de Diego Armando Maradona y el mísero financiamiento a la transmisión televisiva del Mundial son ejemplos claros. Ni hablar del 12 de marzo del 2025, fecha en la cual la fuerte represión contra jubilados e hinchadas autoconvocadas fue catalogada -errónea y maliciosamente- como “La Marcha de las Barras Bravas”.

Esto también se está replicando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos manuales policiales de primer año muestran la casaca de Boca Juniors como un elemento distintivo de la delincuencia (¿qué esperar de un Macri?).

Paralelamente, se incumplen las normas jurídicas elementales de nuestro país, partiendo desde la Constitución Nacional, que en su artículo 14 bis garantiza el derecho a huelga. Ya quedó demostrado que los reclamos siempre terminan de forma pacífica cuando no está presente la policía; caso contrario, en caso de disturbios, los provocadores suelen estar encapuchados e impunes, mientras se desatan detenciones arbitrarias.

Pasó con Carlos Dawlowski, el famoso funebrero veterano, siempre firme frente al Congreso, que fue rodeado por una patota de policías tan solo por haber comentado ante los medios de comunicación su malestar por las políticas de Milei.

En el supuesto “país de la libertad” que nos quieren vender como espejitos de colores, la casta no consiste en esos funcionarios camaleónicos que se perpetúan en el poder años y años, tampoco los empresarios que se enriquecen a costa de sus empleados y menos que menos los jefes de gabinete que se desloman en Nueva York y Punta del Este. En el país de la libertad, vestir una prenda futbolera es pecado, es una declaración de guerra. ¿Por qué?

La pasión de los hinchas se extiende por fuera de las canchas, pues son garantes de la identidad, la historia, la cultura, la  colectividad. Los dirigentes y jugadores pasan, mientras ellos persisten. Son capaces de generar redes de apoyo y resistencia, de defender las causas justas tanto como sus camisetas. Están “donde exista una canción, donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en la mañana”.

Las multitudinarias concentraciones en honor al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia fueron fiel reflejo: repletas de remeras maradonianas, albicelestes y de Boca, Racing, Huracán, Estudiantes y Gimnasia de La Plata, Atlanta, Temperley, Banfield, Lanús, Racing, entre varias otras; en Rosario hubo columnas canallas y leprosas; en Córdoba capital los colores y banderas de Talleres, Belgrano e Instituto dijeron “presente”. 

La “motosierra” libertaria y su objetivo de adueñarse de los clubes tiene, junto a la veta económica, la finalidad de aniquilar la alegría popular, la organización, el sentido de pertenencia. En palabras del humorista nicaragüense Locuin, “un pueblo que se calla, que obedece, que agacha la cabeza, que no demanda, que se adoctrina, está muerto en vida”.

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